LA DEFENSORÍA PARTICIPÓ DE UN CONVERSATORIO SOBRE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

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El encuentro fue organizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México y se llevó a cabo de manera virtual.

En el marco del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura que se conmemora cada 26 de junio, la CNDH de México organizó, el lunes 27, un conversatorio sobre el rol de los jueces y juezas de ejecución en la prevención de la tortura.

Dicho evento fue organizado a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, con el fin de identificar cómo perciben su rol en la temática los jueces de ejecución, intercambiar buenas prácticas para la prevención de la tortura desde el control de la ejecución y conocer experiencias en la materia en la región.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, María del Rosario Piedra Ibarra. Además, el acto inaugural estuvo a cargo de Luis Esteban Duacastella Arbizu, comisionado en el MLPT en representación del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, quien compartió la experiencia argentina respecto de la incorporación de los jueces de ejecución penal como parte de un sistema integral entre el sistema ejecutivo, legislativo y judicial. En este sentido, resaltó la importancia del principio de especialidad en la materia. A su turno, la directora Ejecutiva del MNPT de México, Vilma Ramírez Santiago, destacó las particularidades del crimen de tortura, su impacto a las víctimas directas e indirectas y la importancia de su acceso a la justicia para la erradicación de este delito.

Posteriormente, tuvo lugar una mesa especial de juezas y jueces de ejecución y su participación en la prevención de la tortura que contó con la moderación de Miguel Sarre Iguíniz, ex miembro del Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura. Participaron los jueces de ejecución penal de los estados de Oaxaca, Chihuahua y Veracruz quienes analizaron las particularidades mexicanas y su experiencia en su labor diaria. Expusieron sobre en qué medida pudieron desde sus posiciones y jurisdicción contribuir a crear un clima de legalidad que haga más difícil la práctica de la tortura en condiciones de detención y en qué forma los resultados son distintos a partir de la intervención de los ombudsperson regionales

Por su parte, Roger Murillo Rodríguez, juez de ejecución penal de Costa Rica, resaltó las diferencias existentes en el sistema de ejecución de su país y el mexicano. Destacó que tienen una función de vigilancia de oficio, realizar visitas carcelarias y asegurar el respeto de la sanción y los derechos humanos. Además señaló la importancia de la inmediatez en el tratamiento de los casos para una correcta ejecución de la pena y prevención de la tortura. Asimismo, participó la Comisionada del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de Honduras, Glenda Carolina Anaya Mejía, quien puntualizó que en su país los jueces tienen una doble función, por un lado controlan la ejecución de la sentencia en el ámbito judicial y por otro la función de vigilancia para evitar posibles abusos.

A continuación, el director general de Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C., José Luis Gutiérrez Román, comentó la importancia de su trabajo y señaló que principalmente hacen visitas con enfoque intersecciones con énfasis en grupos vulnerados. El secretario técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de la Defensoría Pública de México, Salvador Leyva Morelos Zaragoza, analizó los aspectos negativos de la situación actual del sistema mexicano y de los estándares interamericanos.

Por último, el secretario ejecutivo del MLPT de la Defensoría del Pueblo porteña, Ezequiel Paulucci, destacó la importancia de estos encuentros y la pluralidad de voces. Asimismo, expuso sobre la situación penitenciaria de la Ciudad de Buenos Aires y la falta de un sistema propio. Destacó las dificultades del sistema judicial y penitenciario en la Ciudad, lo que realza las funciones e intervenciones de este tipo de comités para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Además señaló las dificultades adicionales que generó la pandemia y la necesidad de conversaciones y alianzas de quienes están en territorio con el poder judicial.